Entre 1797 y 1798 los labradores de la villa de Albacete recurrieron al Consejo para evitar los planes de su corregidor, Vicente Godino y Muñoz, en relación a la distribución de las tierras concejiles. En 1770 se había redactado una real cédula que conminaba a los corregidores a hacer un reparto equitativo de las tierras concejiles y labrantías entre los distintos vecinos. En esa coyuntura el entonces corregidor de Albacete, García Núñez de Haro, procedió al cumplimiento de la real orden. Sin embargo, tras la medición de las tierras vio que no había porciones sin cultivar, ya que los vecinos, de acuerdo con una costumbre que se remontaba tiempo atrás, habían procedido por su cuenta y se encargaban del cuidado y cultivo de las mismas. De ahí que decidiese dejar la situación tal y como estaba sin introducir novedad alguna. No fue el caso de Vicente Godino y Muñoz, quien trató de ejecutar la real cédula y ante la oposición de los labradores se valió de multas y prisiones para imponer su voluntad. Los agricultores hubieron de recurrir a la justicia alegando diversos argumentos: en primer lugar, el perjuicio que se seguía de las acciones del nuevo corregidor, pues los labradores habían abandonado su actividad y las tierras no estaban produciendo fruto alguno; en segundo, el gran daño ocasionado a los labriegos más pobres, que no contaban con recursos propios para poder hacerse con una porción de terreno; y, por último, se quejaban de la arbitrariedad del corregidor, que estaba obstaculizando la demanda ante el Consejo e impidiéndoles así obtener justicia. De este modo, los agricultores solicitaban el regreso a su costumbre instituida de reparto de tierras. Como prueba, uno de los licenciados al cargo de la demanda, Juan de Dios Andújar, presentó tres misivas escritas por su padre -Francisco Andújar Caballero-, en las que le informaba puntualmente de los hechos.