El proceso fue abierto contra Diego Campos y Gregorio Bajos por ser los supuestos autores de una carta anónima escrita al jefe político de la ciudad de Segovia. Dicha carta contenía distintos agravios y una crítica al mismo por la situación que se vivía en Segovia, dados los numerosos problemas que tenían con el párroco y con algunos militares. La carta llegó a manos de Antonio López y Cipriano García, alcaldes de la justicia ordinaria de Vadocondes, junto a otra de contenido similar que no se ha conservado en el proceso. Gracias a que las cartas llegaron a ellos comenzaron de oficio las diligencias. Además, la carta que no se ha conservado era una denuncia contra el "gobierno constitucional revolucionario", según consta en el acta (fol. 5v).

Se mandaron ambas cartas a un peritaje caligráfico y parece que varios maestros en primeras letras afirmaron que la primera (la transcrita) correspondía a Gregorio Bajos y la segunda a Diego Campos. Gregorio Bajos incluso fue apresado por estos hechos y el fiscal le llegó a pedir la pena de muerte o la de destierro aludiendo que los libelos difamatorios leídos en plazas o en espacios públicos eran el mayor daño que se podía hacer contra la sociedad civil, así como las cartas anónimas injuriosas. Gregorio Bajos, en cambio, pedía su liberación puesto que siempre defendió su inocencia. El proceso concluye con una petición del rey, Fernando VII, de que cualquier persona que tuviera datos sobre el caso que pudieran ayudar a esclarecer los hechos se dirigieran a la Audiencia de la Chancillería. El proceso está inconcluso.