Con motivo de la derrota de Lope de Aguirre (conocido como el tirano Lope de Aguirre) en el Tocuyo, el capitán Gutiérrez de la Peña reclamó para sí la totalidad de las banderas apresadas como justa recompensa en acción militar. Sin embargo, Diego García de Paredes, como maestre de campo, pidió un reparto equitativo de las mismas para beneficiarse de las banderas. Gutiérrez de la Peña aseveró que la parte de García de Paredes no podía beneficiarse porque no se había hallado en la batalla contra Lope de Aguirre. Usó del mismo argumento cuando apareció un tercer litigante: el licenciado Pablo Collado, a la sazón gobernador de Venezuela. El gobernador tampoco había estado presente por enfermedad y para probar este hecho Gutiérrez de la Peña presentó dos cartas en que el licenciado informaba al capitán de su enfermedad. El fiscal del Consejo consideró que ninguna de las partes debía quedarse con las banderas y que ese derecho correspondía a la Corona. Sustentaba su argumentación en que la lucha contra Lope de Aguirre no era un acto de guerra sino la acción de la Corona contra un rebelde y, por tanto, aquella debía ser la beneficiaria de las banderas y del botín.