En 1627 el tribunal rectoral de la Universidad de Alcalá de Henares tuvo que dirimir el fenecimiento de cuentas y pago de las deudas dejadas por el clérigo Juan Guillén, vecino de Santa Olalla y administrador del beneficio perpetuo que don Luis Álvarez del Águila gozaba en la parroquia de San Julián de aquella villa. La heredera de Juan Guillén, su sobrina Isabel Ruiz, tuvo que afrontar las demandas interpuestas por su hermano, el procurador Fernando Ruíz Guillén y por los sobrinos y herederos de Luis Álvarez del Águila: el capitán Juan del Águila Álvarez y Francisco del Águila. Así, el primero reclamaba los 200 ducados de una carta de pago, así como otros veinte ducados de una pollina que le había tomado Juan Guillén; los segundos reclamaban los desfases en las cuentas del beneficio durante el periodo que iba de 1609 a 1625. A todo ello se unían las propias reclamaciones de Isabel Ruíz, quien se consideraba damnificada por la gestión de su tío y reclamaba diversas cantidades de la herencia dejada. Alegaba que, habiendo servido la casa de su tío durante cuarenta años, debiera de haber recibido un salario de unos 30 ducados al año; asimismo, reclamaba el alquiler de la casa que ella había heredado de sus padres y de la que había tomado posesión Juan Guillén a razón de unos 6 ducados al año. Por último estimaba una compensación de más de 500 ducados por la apropiación que su tío había hecho de diversos bienes muebles, su dote y la herencia que ella había recibido de su hermana, María Ruíz. Se defendía, además, de las demandas interpuestas por los herederos de Luis Álvarez del Águila alegando los pagos hechos por su tío a lo largo de los años previos y de los que tenía noticia gracias a la correspondencia que mantuvieron ambos hombres, así como las cartas de pago y cuentas. La presentación de las cartas misivas fue cuestionada por la parte de los herederos de Luis Álvarez del Águila, quienes dudaban de su veracidad. El tribunal dictó sentencia conminando a las partes a reunirse para el fenecimiento de las cuentas y condenaron a Isabel Ruíz, como heredera, a asumir las deudas dejadas por su tío y a pagar a su hermano los 220 ducados que pedía.