En 1618 don Arias Gonzalo Dávila, conde de Puñonrostro, inició un pleito contra su madre, doña Hipólita de Leyva y Cardona, para solicitar la venia de edad. Con 21 años y casado, el conde consideraba que era hora de entrar a gobernar y administrar autónomamente sus estados. Para ello aportó varios testigos que acreditaban su madurez y capacidad y acabar así con el estatus de curadora y tutora de su madre. Concedida la venia, la condesa reclamó a su hijo el pago de alimentos para su sustento. La petición se concretaba en la solicitud de 2000 ducados anuales consignados en el partido de Casasola y 800 fanegas de pan al año en el partido de Alcobendas. Aunque el conde alegó cargas excesivas sobre su patrimonio, así como el hecho de que su madre podía sustentarse a sí misma con las rentas que gozaba, el Consejo de Castilla le obligó al pago de los mencionados alimentos. El conde trató de soslayar la obligación y adujo los impagos que su madre había hecho en el transcurso de su administración como tutora. Entre esos impagos aparecían unas cantidades que debían abonarse a don Juan de Silva, canónigo de la Iglesia de Toledo. Sin embargo, se presentaron unas 10 cartas de pago que demostraban los abonos, así como dos cartas (dirigidas probablemente a Juan González, mayordomo del conde) que mencionaban esas transacciones. En otro legajo del Consejo (33116) encontramos el resto de piezas del proceso. En la séptima pieza aparecen dos nuevas cartas que venían a descargar a la condesa de la acusación de impago de las mencionadas rentas. Eran dos cartas de Francisco Ortiz, mayordomo del partido de Chinchón, escritas en 5 de enero y 6 de julio de 1618. En ellas alude a los pagos que había hecho al conde de Puñonrostro, unos desembolsos que habían dificultado el cumplimiento de las obligaciones contraídas.