En 1803, don Francisco Idiáquez y Borja, alférez de navío de la Real Armada, se dirigió al consejo para reclamar la sucesión sobre el mayorazgo fundado por don Francisco de Idiáquez y doña Gracia de Olazábal. En años previos había sido su madre y tutora, doña Beatriz de Castro, la encargada de reclamar los derechos sucesorios de su hijo. Había hecho varias diligencias antes de la muerte del último poseedor, don Benito Palermo Osorio, marqués de Mortara; sin embargo, a la muerte de éste a consecuencia de la epidemia sufrida por la ciudad de Sevilla en 1800, la posesión del mayorazgo pasó a manos del conde de Salvatierra, descendiente de don Lope de Idiáquez, segundogénito del fundador del mayorazgo. En 7 de junio de 1804, don Francisco Idiáquez falleció en la ciudad de Veracruz sin haber podido culminar favorablemente su causa. En ese momento, surgió una nueva demanda presentada por doña Micaela de Idiáquez. Ésta había mantenido pleito con don Francisco por un legado para parientes pobres y valorado en mil ducados; sin embargo, ante la muerte de su sobrino presentó su demanda al mayorazgo alegando su derecho legítimo por su filiación con el fundador del mayorazgo. Para justificar su causa presentó varios papeles que acreditaban su filiación, así como la carta de doña Beatriz de Castro que confirmaba la muerte del pretensor Francisco Idiáquez y Borja. A partir de ese momento, el proceso enfrentó a Micaela de Idiáquez con los otros pretensores: el conde de Salvatierra y el duque de Estrada. El proceso se alargó en el tiempo debido, entre otras cosas, al parón que sufrió a consecuencia de la guerra de Independencia y todavía no tenía sentencia clara a la altura de 1829.