Isabel María Antoli y Borrás, religiosa de coro en el convento de agustinas de la villa de Ulldecona (Tarragona), fue acusada en 1760 de cometer sacrilegios. Igualmente, se apuntó que llevaba mucho tiempo sin confesarse, una afirmación de la que ella se defendió alegando que no quería hacerlo con Joan de Alabart porque este abusaba de sus confesiones. Explicó que cuando acudió a confiarle las tentaciones que sentía, él la coaccionó de tal manera que acabó admitiendo pecados que nunca había cometido.

En el proceso se conservan diversas cartas que fueron aportadas por el inquisidor Manuel Jaramillo y Contreras, quien también pidió a Joan de Alabart que remitiera las que él había recibido de la acusada. El objetivo era que dichas misivas fueran examinadas y que sirvieran como prueba de la obsesión que la religiosa tenía con las Sagradas Formas, pues solicitaba una y otra vez comulgar. Además, desde que se formuló su acusación, Isabel María Antoli y Borrás comenzó a escribir compulsivamente una misma carta de súplica en la que pedía piedad y misericordia al Tribunal del Santo Oficio. En la causa aparecen varias copias de esta súplica, pero no han sido transcritas, ya que se trata de una misiva de carácter formal y su contenido es siempre el mismo.

Finalmente, se dictaminó que Isabel María Antoli y Borrás debía realizar una serie de ejercicios espirituales y una confesión general, que quedaba encargado de hacer Mauricio Domenech. El proceso fue suspendido hasta que se llevaran a cabo ambas disposiciones, si bien no se volvió a retomar.