Pleito iniciado a instancias del conde de Aranda contra Bernardo Gómez y Velasco, al que se acusó de robo y asesinato de una mujer, estafador y por amenazas contra el propio Aranda. Redactó varias cartas anónimas y fingiendo ser otra persona para conseguir dinero de terceras personas. El acusado reconoció en su declaración ser el autor de esta carta, que envió a su cuñado con indicaciones de que posteriormente se la entregase a él con el objetivo de exculparse. Las pesquisas fueron hechas en primera instancia por el diputado general de Guipúzcoa y posteriormente por la Chancillería de Valladolid por orden directa de Aranda, quien marcó los tiempos de la instrucción y urgió al presidente a dictar sentencia. Se le acusó de ser "alevoso homicida, salteador de caminos, ladrón famoso, falsario, perjuro, y sacrílego", y se le condenó a morir en "la horca pública, y cortada la cabeza y mano derecha de su cadáver, que se fijarán en palo alto, y se colocarán la cabeza junto a la cruz de Inunciaga en el camino real de Oñate para Legarpia, y la mano en la villa de Bilbao en paraje público". Posteriormente, la Sala del Crimen conmutó la pena por la de prisión y puesta en "vergũenza pública", además de 10 años de presidio en África en calidad de gastador, con pena de muerte en caso de quebrantarlo. Quedó absuelto del cargo de asesinato. Todas las cartas presentadas fueron tenidas en cuenta como pruebas fundamentales en la acusación contra él. Esta carta fue incautada en casa del cuñado del preso, tal y como se atestiguó en la propia misiva por parte del escribano: "[...] que ésta se echó en casa del cuñado del reo, quien así lo dice". Se adjuntó para que sirviese de cotejo a las cartas amenazantes enviadas al conde de Aranda.