En 1623 se inició un pleito a instancia del licenciado Francisco Sánchez de Aguilera, quien solicitaba parte de los bienes del expolio de Juan Alonso de Moscoso, obispo de Málaga, en pago por los servicios que le había prestado. Según un documento que se adjuntó al proceso, en 1604 éste había nombrado a Francisco Sánchez de Aguilera contador de la hacienda episcopal con un salario de 50.000 maravedíes anuales. El demandante alegó que estuvo desempeñando este oficio, sin poder atender ningún otro asunto, durante 10 años, tiempo en el que no percibió los honorarios que le correspondían. Afirmaba entonces que la deuda seguía vigente en el momento del fallecimiento de Juan Alonso de Moscoso en 1614, en cuyo testamento figuraba una disposición que obligaba a satisfacer todas las deudas que él hubiera contraído con sus criados.

Sin embargo, los testamentarios pusieron en duda los trabajos realizados por Francisco Sánchez de Aguilera argumentando que éstos no aparecían reflejados en el «libro de los criados». Además, según la pragmática de 1566, que también se incorporó al proceso, a la muerte de cualquier obispo los salarios que no estuvieran anotados en dicho libro como pendientes no podían ser reclamados. Por todo ello, se negaban a pagar la cantidad exigida por el contador. Éste presentó diversas cartas, así como otro tipo de documentación, para probar que había servido al obispo hasta prácticamente el fin de sus días y que incluso se había trasladado a la corte por su mandato. No obstante, se determinó que las misivas no justificaban la existencia de esa relación profesional entre ambos, pues los escribanos que las examinaron dictaminaron que tanto la cortesía como el lenguaje empleados en ellas no eran los propios entre un criado y un señor, sino que revelaban un trato más cercano. El proceso está inconcluso.