Francisco Dionisio Sánchez de Tagle, vecino de Lima (Perú) y calificador del Tribunal de la Inquisición en esa ciudad, denunció a Ángel de la Quintana, presbítero en la misma, por un cobro indebido de parte del salario de una capellanía que había sido otorgada al denunciante. La capellanía en concreto era la perteneciente al colegio de niñas huérfanas de Santa Cruz en Lima. Su papel como capellán era oficiar misa, administrar las confesiones a las niñas y ayudar a la rectora del colegio. Por ello debía percibir un salario de trescientos pesos anuales. El inquisidor Joseph Antonio Gutiérrez de Ceballos, destinatario de las misivas, le dijo que, debido a su juventud y a su falta de experiencia, debía tener un ayudante para dichas tareas. Francisco Dionisio designó entonces a Ángel de la Quintana, otro sacerdote, para que le auxiliara. Por dicha ayuda Joseph Antonio estableció que Ángel debía percibir doscientos pesos de los trescientos del sueldo de Francisco Dionisio. Sin embargo, era Francisco Dionisio quien estaba obligado a firmar las cartas de pago anuales, puesto que el cargo le correspondía a él. Francisco Dionisio aceptó en un principio, aunque pronto se quejó ante tal situación, alegando que había aceptado por las coacciones realizadas por Joseph, pero que era una situación intolerable. Joseph en varios testimonios se reafirmó en la necesidad del auxilio prestado por Ángel y en el "buen hacer" en todo momento de dicho sacerdote, algo indispensable para desempeñar su labor en el colegio. Al mismo tiempo, afirmaba que su única pretensión había sido ayudar a Francisco. Finalmente, y tras las múltiples protestas, quejas y denuncias de Francisco, se acordó que Ángel de la Quintana debía devolver al denunciante el dinero que había percibido por su capellanía durante los últimos tres años. Las cartas aportadas al proceso fueron entregadas por el propio Joseph Gutiérrez de Ceballos, junto a un informe en el que explicaba la situación de los obispados, así como otros asuntos relacionados.