En 1629 Juan de Chaves, vecino de Castro del Río (Córdoba), denunció a Diego de Osuna Jaén y a sus consortes por la posesión de un cortijo (El Cortijo de los Charcos). Juan de Chaves tenía una parte de la posesión del cortijo que compartía con Andrés de Godoy y Andrés de Valenzuela. Diego de Osuna había sido arrendador de dicho cortijo durante casi 20 años, haciendo siempre contratos de arrendamiento de 6 años. Cuando estaba próxima la finalización del último de estos contratos, se pusó en contacto con Luisa de Cárdenas, suegra de Andrés de Godoy, quien tenía un poder de su yerno por el que podía dirimir estos asuntos, y con Andrés de Valenzuela para renovar dicho contrato, llegando a un acuerdo que mejoraba las condiciones anteriores. En virtud a este acuerdo, Diego de Osuna Jaén, pensando que todo estaba solucionado y teniendo ya la firma de estos dos propietarios en las escrituras, comenzó con las correspondientes tareas de preparación del cortijo para la siembra correspondiente de ese año. Pasados unos días, las autoridades de la villa de Castro del Río le informaron de que no podía continuar en el cortijo porque Juan de Chaves, el otro propietario, había denunciado que a él nunca le informaron del nuevo arrendamiento y que, por tanto, dicho contrato no fue válido. Diego de Osuna no pudo presentar las escrituras pero sí presentó como prueba los billetes que le envió doña Luisa en los que hablaba sobre este asunto. Finalmente, ganó el pleito Diego de Osuna Jaén, quien pudo continuar con el arrendamiento de dicho cortijo.