En 1759, Francisco de Anescart reclamó ante el Consejo de Castilla los derechos sobre una escribanía del número de la ciudad de Cádiz. Ante los deseos de su legítimo poseedor, José de Brignón Caballero y Lara, que le había elegido para el ejercicio del oficio de escribano, aparecía Juan Marcelino Zambrano, que había recibido el ejercicio del cargo de manos de María Muñoz de Aparicio y Miranda. Esta, como viuda de José Vaamonde Andradre y Gasco, anterior propietario del oficio, se consideraba dueña de la escribanía atendiendo a la acción de renuncia que su marido había hecho del oficio en Manuel Fernández Suárez. Tal renuncia se había producido en 1756, momento en que José de Brignón Caballero y Lara trató de reclamar la potestad de elegir sucesor en la escribanía como auténtico poseedor de la escribanía. Francisco de Anescart, como parte que podía beneficiarse de esa demostración, presentó ante la justicia las múltiples pruebas que evidenciaban la posesión legítima por parte de José de Brignón Caballero y Lara. En 1661 el bisabuelo de éste, Antonio Jiménez Caballero, compró la escribanía a la Real Hacienda y dicha posesión fue pasando a sus herederos. En 1695 la escribanía se anejó al vínculo fundado por Clara Caballero de Lara, tía de José de Brignón Caballero y Lara, y pasó a este a través de su madre, Teresa Caballero y Lara. En su testamento de 1708, ella nombraba a José de Brignón Caballero y Lara su heredero universal y como tal entraba en posesión de la escribanía, así como de la potestad para elegir a aquel que debía ejercer el título. La escribanía estaba tasada en 30.400 ducados.

Además de los papeles que acreditaban la compra, creación del vínculo y testamento, Francisco de Anescart aportó unos recibís y unas misivas que demostraban que Manuel Fernández Suárez y José Vaamonde Andradre y Gasco habían hecho pagos a José de Brignón Caballero y Lara por el arrendamiento de la escribanía, lo que venía a demostrar en última instancia la propiedad de este último. Solicitó, asimismo, que Juan Zambrano y María Muñoz de Aparicio y Miranda reconociesen las cartas aportadas y declarasen la autoría de José Vaamonde Andradre y Gasco. En sus declaraciones ambos declinaron afirmar categóricamente que la letra fuese de este último, aunque tampoco lo negaron. No consta en el proceso la sentencia final del Consejo ni la resolución que se tomó en relación a la propiedad de la escribanía.