En el año 1785 se abrieron diligencias contra el presbítero Tomás Canal en relación al desempeño del cargo de segundo vicario de la parroquia de Cardedeu (Barcelona), que había ostentado durante un tiempo en sustitución del vicario oficial. Concretamente, se le acusaba de haber tenido un comportamiento poco aceptable: se decía que había negado el sacramento de la extremaunción a un moribundo, que no oficiaba las misas que le correspondían, que no dispensaba un buen trato a los vecinos, etc. Por estos motivos, algunos sacerdotes decidieron escribir al obispo de Barcelona, Gabino de Valladares Mejía, y a su secretario, Agustín de Almarza, para pedirles que no le otorgaran ningún cargo y que lo mantuvieran alejado de sus parroquias. Estas misivas fueron aportadas como prueba al proceso. También se incluyeron en él varias cartas y súplicas de Tomás Canal en las que explicaba al obispo lo sucedido, se exculpaba por ello y le solicitaba sacerdotes para la parroquia de Cardedeu (Barcelona), argumentando que no había suficientes para todos los oficios.

A pesar de su defensa, Tomás Canal fue obligado a residir en Arbós (Tarragona), donde había obtenido anteriormente un beneficio que le permitía vivir en dicho municipio. No obstante, debía seguir vinculado como presbítero a la parroquia de Cardedeu (Barcelona), aunque con la prohibición de celebrar cualquier sacramento. Esta situación se prolongó durante muchos años, a pesar de que Tomás Canal intentó conseguir un permiso para residir en Cardedeu (Barcelona) y poder hacer uso pleno de su sacerdocio. Llegó a recurrir incluso a un vicario de la Inquisición para que le hiciera un informe sobre su buen comportamiento. Nada de esto sirvió y el proceso concluyó en 1796 con las obligaciones citadas.