En mayo de 1751 don Domingo Antonio de Angulo y Callejo inició pleito contra don Antonio Merino, canónigo en la iglesia colegiata de Toro, que había sido administrador desde el año 1735 de los beneficios sacados en las inmediaciones. Don Domingo pedía cuentas detalladas de lo producido en dicho beneficio desde el principio de la administración. Don Antonio Merino alegó en ese momento que todo lo producido había sido entregado al tío de don Domingo, don Francisco Callejo, quien se había encargado de la manutención del colegial durante su período de estudio antes y durante su etapa universitaria. Habiendo fallecido don Francisco, su viuda, María Antonia de Castro, afrontó las subsiguientes reclamaciones de su sobrino, que ascendieron a un total de 12900 reales en razón de los desfases entre lo percibido y lo entregado al legítimo beneficiado. Doña María Antonia de Castro alegó que don Francisco había sufragado (al igual que otro de sus hermanos) los gastos de don Domingo Antonio durante todo su proceso educativo y que, además, había corrido con los gastos de la bula que acreditaban la posesión del beneficio. Para probar la veracidad de sus afirmaciones presentó ante el tribunal numerosos recibos y doce cartas que acreditaban las entregas periódicas de dinero por parte de don Francisco. No obstante las alegaciones de la viuda y del administrador, el tribunal falló a favor de don Domingo Angulo, quien debía ser compensado tanto por una como por el otro, si bien no se le eximía del pago de las costas del juicio.