En 1834 el gobernador político y militar de Santander (Cantabria) abrió causa por infidencia contra Felipe Mazarrasa y Cobo, abogado y asesor de aquel ayuntamiento. Se sospechaba de la deslealtad del acusado hacia la monarquía de Isabel II en el contexto del estallido de la primera guerra carlista (1833-1840). Una vez que se produjo la detención de Felipe Mazarrasa y Cobo, se procedió al registro de su vivienda y se incautaron de una gran cantidad de documentación escrita, así como de armas. La documentación estaba compuesta por un conjunto de 59 cartas particulares dirigidas, en su mayor parte, al detenido, así como borradores de cartas oficiales que había redactado en su condición de asesor de rentas y consultor del tribunal de comercio del ayuntamiento de Santander. Sometido a interrogatorio, se le acusó de infidencia por sus relaciones familiares y de amistad con destacados carlistas, destacando la relación con su hermano José Mazarrasa y Cobo, quien había participado activamente en el levantamiento de Vizcaya y demostrado su parcialidad hacia la causa del infante don Carlos. El acusado fue preguntado no sólo por las cartas intercambiadas entre ambos, sino por los encuentros y el hospedaje que había facilitado a su pariente en los momentos previos al alzamiento. La acusación también señaló la amistad que mantenía con otros destacados carlistas como Pedro Francisco de la Barana, aunque él minimizó tales contactos.
Si bien declaró su fidelidad a la causa isabelina, el acusado no contaba con la aquiescencia de muchos santanderinos y, así, fue calificado como "un hipócrita, fanático absolutista, adicto al partido del señor Infante don Carlos, enemigo de la Reina Nuestra Señora y Gobernadora del Reino, humilde y virtuoso en la apariencia y sanguinario y cruel en la realidad" (folio 19r). Esta dura acusación se sustentaba en la persecución que, durante el reinado de Fernando VII, había llevado a cabo contra los constitucionales y que quedaba reflejada en los numerosos borradores que conservaba en su domicilio y que formaban parte de la documentación incautada. A raíz de ese enconamiento, Felipe Mazarrasa y Cobo -quien había contado con el auxilio de Vicente González Moreno- había ocasionado una descapitalización humana y económica de la ciudad de Santander, ya que muchos de sus vecinos habían tenido que exiliarse.
En su defensa, el acusado alegó que no se le podía imputar crimen alguno en virtud de las pruebas presentadas. Consideró que él no podía ser culpado por su parentesco con José Mazarrasa y Cobo, y menos aún hacerle culpable de los actos y pensamientos de su hermano. Tanto las cartas como la cohabitación que se había producido antes del alzamiento no le hacían ni partícipe ni responsable de la actitud de su hermano. En relación a las misivas, señaló que casi todas versaban "sobre cosas insignificante y familiares" (folio 25v) y no sobre conspiraciones políticas. Asimismo, señaló la variedad de las relaciones y amistades que mantenía, de tal manera que, si bien no negaba el conocimiento de personas que militaban en la causa carlista, también contaba con contactos dentro de las filas isabelinas, entre ellos un hermano capitán en el regimiento de Mallorca. También minimizó la importancia dada a los borradores de cartas oficiales que se habían hallado en su vivienda y señaló lo absurdo de hacerle responsable de hechos pasados que respondían a circunstancias excepcionales.
El proceso fue sobreseído. Se decretó el confinamiento del acusado en la ciudad de La Coruña, desde donde trató de apelar esta decisión. En 1846 se produjo el archivo definitivo de la causa y se liberó a Felipe Mazarrasa y Cobo del confinamiento en la ciudad gallega.
