En 1596 se inició un pleito de competencias entre el comisario del Santo Oficio Juan Martínez de Oquerruri y el concejo de Salvatierra (Álava) porque el alcalde ordinario de dicha villa, Bernardo Sainz de Vicuña, había liberado a un preso, Jerónimo de Rozas, encarcelado por orden de la Inquisición. El comisario presentó varias quejas por este hecho, lo que le granjeó numerosas antipatías y acabó siendo él mismo apresado. Juan Martínez de Oquerruri apeló entonces ante el Tribunal del Santo Oficio defendiendo su inocencia y denunciando el agravio cometido contra la jurisdicción inquisitorial. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, fue amonestado y apartado durante dos años de su oficio de comisario. Se le recomendó también tener un mejor trato con la justicia real y se le obligó a pagar las costas del juicio.

La carta aquí transcrita fue aportada por el propio destinatario como prueba de sus buenas intenciones y de su aspiración de ser vicario. En el proceso se recoge que entregó otras misivas que confirmaban que había prendido a Jerónimo de Rozas siguiendo instrucciones de la Inquisición, pero no se han conservado.