El reo de este proceso era José Luis Vela del Castillo, clérigo presbítero, notario y comisario del Santo Oficio. Fue acusado por la Inquisición de México en 1715 de los delitos de simonía y perjurio, así como del impago de una deuda. Un año más tarde fue condenado a la pérdida de sus títulos de notario y comisario, privándosele a perpetuidad de poder obtener cualquier otro cargo en el Santo Oficio. Decidió entonces apelar al Consejo de Inquisición porque consideraba que en el desarrollo de la causa no se habían respetado los privilegios y exenciones que le correspondían por su condición tanto de religioso como de ministro del Santo Oficio. Precisamente, la carta aquí transcrita fue entregada por el propio acusado como prueba de que con anterioridad ya había visto vulnerado su fuero eclesiástico e inquisitorial: hacia 1711 el capitán Jaime de Aizoáin y Ursúa había puesto en una casa que José Luis Vela del Castillo tenía desocupada la bandera para la leva de la Compañía de Filipinas sin permiso alguno. El proceso está incompleto, por lo que se desconoce el resultado de la apelación.