En 1602 se llevó a cabo la partición de los bienes que quedaron a la muerte del duque de Alcalá, Fernando Enríquez de Ribera y Portocarrero. Aparecieron entonces varios acreedores, entre los que se encontraba el rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Palencia, en calidad de donatario de Sebastián Suárez Ponce de León. Este había ejercido como solicitador de los negocios del duque en Roma entre 1585 y 1595, y reclamaba ciertos atrasos en el pago de su salario. Según sus cálculos, la deuda ascendía a unos 2000 ducados. Para probar la justicia de su causa, el Colegio aportó las cuentas de los gastos asumidos por Sebastián Suárez Ponce de León en el desempeño de su cometido y las declaraciones de diversos testigos que corroboraban los servicios prestados por él, así como la estrechez de su sueldo y los retrasos en los pagos. Además, una vez iniciado el proceso, el Colegio conoció de la existencia de unas cartas intercambiadas entre Sebastián Suárez Ponce de León y el contador mayor del duque de Alcalá, Antonio Cortina. El Colegio solicitó entonces al Tribunal la admisión de estas cartas como prueba, pues en ellas quedaban demostradas tanto la comisión de los negocios como las continuas reclamaciones por parte de Sebastián Suárez Ponce de León de los honorarios que se le debían. Tras un auto de petición, María de Montalvo, mujer de Antonio Cortina, registró la documentación de su marido y aportó once misivas que se incluyeron en el pleito. La petición del Colegio se saldó finalmente con una sentencia positiva que obligaba a los testamentarios del duque de Alcalá al pago de 1200 ducados.