En 1792 Manuel Criado y Antonio López, vecinos de Tamames, fueron nombrados celadores de los montes de aquella villa. En una primera inspección vieron que el monte había sufrido unas talas excesivas. Temerosos de que se les imputase a ellos la responsabilidad de dicha tala, se dirigieron al corregidor de Salamanca para que hiciese un reconocimiento del susodicho monte previo a la asunción de sus nuevos cargos. El corregidor comisionó a Blas Domec y Orozco para la averiguación de las talas y éste se dirigió a la villa a cumplir su cometido. Allí solicitó los expedientes elaborados por el alcalde ordinario de segundo voto, Miguel Macedo, en que se detallaban las cortas y las multas impuestas en cumplimiento de la Real Ordenanza de Plantíos. El alcalde no se tomó a bien esta intromisión y, argumentando la defensa de la real jurisdicción que él representaba en nombre del rey, se negó a la entrega de los expedientes y solicitó una orden directa del corregidor. Se produjo un choque dialéctico entre Macedo y Domec que se saldó con la prisión del comisionado. El alcalde ordinario informó al corregidor de sus acciones y éste mandó un segundo comisionado que debía averiguar estos excesos, así como los culpables de las talas. Cuando llegó a la villa trató de prender a Miguel Macedo, pero éste se había ausentado de su posada, con lo que sólo se le embargaron los bienes. Además de interrogar a diversos testigos sobre el proceder del primer comisionado y la reacción del alcalde ordinario, se investigó la tala y se declararon reos a diversos vecinos de la villa. En relación con el tema de los excesos y defensa de jurisdicciones, el proceso quedó en tablas; se sobreseyó la causa, aunque se reconvino a Blas Domec y a Miguel Macedo para que en lo sucesivo no se condujesen con excesivo celo.

En el expediente que Miguel Macedo formó contra el comisionado se adjuntó la carta aquí transcrita, una misiva anónima que recibió el párroco de la villa y que sospechaba había sido escrita por un curial de Salamanca.