Pleito iniciado a instancias del conde de Aranda contra Bernardo Gómez y Velasco, al que se acusó de robo y asesinato de una mujer, estafador y por amenazas contra el propio Aranda. Redactó varias cartas anónimas y fingiendo ser otra persona para conseguir dinero de terceras personas. Las pesquisas fueron hechas en primera instancia por el diputado general de Guipúzcoa y posteriormente por la Chancillería de Valladolid por orden directa de Aranda, quien marcó los tiempos de la instrucción y urgió al presidente a dictar sentencia. Se le acusó de ser "alevoso homicida, salteador de caminos, ladrón famoso, falsario, perjuro, y sacrílego", y se le condenó a morir en "la horca pública, y cortada la cabeza y mano derecha de su cadáver, que se fijarán en palo alto, y se colocarán la cabeza junto a la cruz de Inunciaga en el camino real de Oñate para Legarpia, y la mano en la villa de Bilbao en paraje público.” Posteriormente, la Sala del Crimen conmutó la pena por la de prisión y puesta en "vergũenza pública", además de 10 años de presidio en África en calidad de gastador, con pena de muerte en caso de quebrantarlo. Quedó absuelto del cargo de asesinato. Todas las cartas presentadas fueron tenidas en cuenta como pruebas fundamentales en la acusación contra él. En el margen izquierdo de la carta aparece la siguiente anotación: "Don Tomás de [...] Ibaizábal". La mujer de Bernardo confesó haberle mandado esta carta, que había sido escrita por una vecina ya difunta (Brigida de Mendiola), al no saber ella escribir.