Hacia 1801 doña Mariana Uribe Salazar recurrió al Consejo para lograr una solución a los problemas conyugales con su marido, don Ignacio Landaburu, caballero de la Real Orden de Carlos III. Al parecer, la conducta desordenada de aquel amenazaba la solvencia económica de su larga familia por las compras exageradas de objetos inútiles. Doña Mariana achacaba tales actos a la salud mental de don Ignacio, quien había sufrido un episodio similar en 1789, cuando residían en la ciudad de Cádiz. Los efectos de esa locura eran su conducta licenciosa, el juego (al que arrastraba a uno de sus hijos) y los gastos desmesurados. En la ciudad de Cádiz había sufrido prisión a consecuencia de ello y su traslado a Madrid parecía que no había modificado tales hábitos. Ante su desesperada situación, doña Mariana recurrió a la justicia y presentó la misiva de un comerciante que probaba el gusto desmedido de su marido por gastar el dinero de la familia. El consejo dictaminó el encierro de don Ignacio en una institución religiosa y el traspaso de la administración de la hacienda familiar a doña Mariana. En los años siguientes, la vida de don Ignacio estuvo marcada por las huidas y reingresos en casas religiosas que se mostraron poco afectas a la conducta desordenada de este huésped. En 1806, y estando en Bilbao, don Ignacio reclamó la reintegración de la administración de sus bienes, que se habían visto aumentados a causa de la muerte de su madre, y reclamó a su mujer un aumento en la cuantía que recibía por alimentos. En el informe que hizo el Consejo se consideró que la actitud de don Ignacio no había cambiado y, por tanto, su mujer mantendría la administración económica de la familia; por otro lado, se desaconsejó la reunión conyugal por los perniciosos efectos que el clima cálido del sur, ya fuese en Madrid o Cádiz, tenía sobre la salud mental de don Ignacio; y, por último, sí se permitió un aumento de la cuantía de los alimentos, aunque bajo la estricta supervisión del gobernador de Bilbao.