El 15 de noviembre de 1827 Antonio González delató ante la justicia a Ramón Rodríguez Valentín, interventor de rentas reales en la villa de Villalón de Campos (Valladolid). Le acusaba de haber proferido expresiones subversivas en la plaza mayor del pueblo ante diversos testigos. En efecto, el día 11 de noviembre, estando Ramón en la plaza se llegó a ella Antonio García Carros portando una carta que había recibido su suegro, don Diego Navarro, capitán retirado. En ella se daba cuenta de los éxitos realistas en el Principado de Cataluña, que había sido devuelta a la obediencia regia. Ante la mención de los rebeldes, don Ramón clamó contra el autor de la carta calificándole de auténtico rebelde y diciendo que todo lo expuesto en la carta, así como lo que se podía leer en las gacetas, eran calumnias y mentiras. Aseguraba que, de haberse retrasado la salida de Fernando VII hacia Cataluña, los rebeldes hubiesen estado en disposición de llegar hasta Madrid. Y añadió que no eran pocos los que había, sino que su número llegaba hasta los treinta mil. Tales expresiones alarmaron a los distintos testigos que habían presenciado la lectura de la misiva y, si bien algunos prefirieron abandonar la plaza, otros sí que contestaron a Ramón Rodríguez. Puestos estos hechos en conocimiento de la justicia, se procedió al registro de la vivienda del reo y su puesta en prisión. El apresamiento se demoró porque don Ramón trató de huir de la villa, pero fue rápidamente interceptado. Las palabras del interventor de rentas fueron confirmadas por los testigos, a quienes se interrogó diligentemente; sin embargo, su versión de los hechos era ligeramente distinta. En su explicación alegaba que el autor de la carta era rebelde porque comunicaba calumnias que tenían como fin debilitar la causa realista. La prueba más evidente de ello era que el escaso número de rebeldes hacía imposible el sitio de Gerona al que se hacía referencia y que todo ello era un medio para amedrentar (exagerando el poder de los rebeldes) a los fieles a la causa realista. El fiscal negó esta versión y argumentó los numerosos testimonios que acreditaban las verdaderas palabras de don Ramón. No obstante, éste siguió defendiendo su fidelidad al rey y señaló su condición de teniente voluntario realista en Madrid y las prisiones que había sufrido. La primera había tenido lugar en la capital en el periodo constitucional y la segunda fue en 1823 cuando fue apresado por el Empecinado.

Para completar su defensa, don Ramón presentó a varios testigos para que confirmaran varios hechos: su fidelidad al rey y la enemistad que se había granjeado con su delator, Antonio González. En efecto, como interventor de rentas había realizado varias inspecciones en la morada de éste para buscar mercancías ilegales con lo que se había ganado dicha enemistad. Algunos de los testigos confirmaron estas afirmaciones. No obstante todo ello, el tribunal le condenó a dos años de presidio, al pago de costas y se le conminó a no reincidir bajo amenaza de castigo riguroso.