En 1825 los tutores del conde de Torrepilares presentaron demanda contra el antiguo administrador de las rentas que poseían en la villa de Lebrija, Francisco Ramón Larios. En concreto le reclamaban una cantidad superior a los cien mil reales, que explicaban por la supuesta mala administración del demandado y los engaños que habría cometido ocultando información de interés a sus empleadores. No era la primera vez que Francisco Ramón Larios se enfrentaba a una demanda de este tipo; la testamentaría de su padre, que había sido el antiguo administrador de las rentas, también había recibido una reclamación similar; y los autos, pendientes de justicia en aquel momento, derivaron en un embargo a los bienes de la viuda y de sus herederos. En relación a la demanda presente, don Francisco no se negó a pagar aquellos alcances legítimos que debiera al conde de Torrepilares, pero argumentó que la cantidad que debía abonar era menor que la reclamada. Para ello aportó diversos documentos que probaban su alegación y entre los que destacaban ciertas certificaciones, cuentas de sus gastos como administrador y varias misivas remitidas al mismo por diversos destinatarios. La Real Audiencia, en base a toda esta información, actualizó las cantidades que debía abonar don Francisco Ramón y condenó al conde en el pago de las costas judiciales.