1709. Carta de Francisco Vitorino para Manuel Suárez.

En 1709 don José Federico de Tovar, teniente de corregidor de Salamanca, procedió contra Pedro López Cañedo, Juan Fernández Conde (difunto), Antonio Fernández Conde, Manuel Suárez, Ambrosio García y Pedro Barreda, vecinos de Vilvestre (Salamanca), por introducción ilícita de granos, ganado y caballerías en el reino de Portugal. Por parte de la justicia del corregimiento se alegó que ese comercio se había llevado a cabo en tiempo de guerra con Portugal, por lo que se procedió a investigar a los distintos acusados. En el caso de Manuel Suárez, la justicia no pudo prenderle porque abandonó la villa de Vilvestre pero sí que se hizo inspección de su vivienda. Al entrar en la misma, los jueces pesquisidores hicieron relación de los objetos que en ella se hallaron y notificaron el hallazgo de papeles diversos, entre los cuales había cuentas y anotaciones así como varias misivas. Además de una carta sin firmar, se incautaron otras dos cartas dirigidas a Manuel Suárez por Francisco Vitorino (con fecha de 3 de mayo y 27 de julio de 1709, respectivamente) así como una carta escrita desde Braganza por Bernardo López a su hermano Gerónimo López. Hubo varios testigos que aportaron información sobre Manuel Suárez y declararon que era de nación portuguesa y que en virtud de la misma mantenía tratos con el reino vecino. No obstante, ese trato se hacía con el conocimiento y licencia de los gobernadores de Ciudad Rodrigo en calidad de espía. Fue declarado reo en rebeldía al igual que otros de los acusados: Ambrosio García y Pedro Barreda. Sí se pudo prender a Antonio Fernández Conde, quien alegó que en ningún caso había cometido infracción en su comercio con el reino portugués, ya que siempre lo había hecho en tiempo de paz, y que el trato con ellos se sostenía por su matrimonio con una mujer portuguesa.

En 1717 el fiscal de la Chancillería de Valladolid corrigió una disposición anterior que había declarado nula la sentencia contra los culpados y condenó con diez mil maravedíes a Antonio Fernández Conde y a Pedro López Cañedo. Ambos debían presentarse en la Chancillería de Valladolid y se decretó el embargo de sus bienes; asimismo, se pidió la remisión de los autos originales.