Desde 1823 la Intendencia General de Policía vigilaba estrechamente las actividades de los ciudadanos extranjeros afincados en territorio portugués, controlando también sus comunicaciones. Esta carta forma parte de la correspondencia interceptada, en colaboración con el Superintendente de Correos, a aquellos militares e intelectuales españoles que, huyendo de la España absolutista, se habían refugiado en Portugal y eran sospechosos de albergar ideas liberales y de conjurar para derrocar a Fernando VII e instaurar un régimen constitucional.