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Juan Manuel de Santiago y Poncela denunció en 1792 el allanamiento de la morada de don Antonio Gutiérrez, presbítero y capellán de honor en la Iglesia Catedral de Valladolid, donde él mismo moraba con su familia en unas habitaciones alquiladas. El ladrón había sustraído una cantidad que oscilaba entre los 5000 y los 6000 reales. Los encargados de la averiguación registraron las estancias de Juan Manuel y, al examinar las ropas y otros enseres de su mujer, Manuela Aguiar, encontraron tres cartas que fueron adjuntadas al proceso. Tras la declaración de una de las criadas de don Antonio, que respondía al nombre de Paula, se empezó a sospechar del sobrino de aquel, Zoilo Álvarez, labrador en población de Villanueva de Duero. No obstante, ni el registro ni los interrogatorios arrojaron pruebas concluyentes para solucionar el caso. Este llegó a su fin tras la recuperación del dinero a través de una persona anónima. El tribunal decidió condenar a Zoilo Álvarez al pago de las costas y se apercibió tanto a Juan Manuel como a la criada por el descuido que había facilitado el hurto.