El reo de este proceso era Francisco Guerrero Carrillo, picador de caballos de la Brigada de Carabineros Reales. Fue acusado del delito de bigamia por la Inquisición de Córdoba en 1790 y condenado a destierro durante seis años y a una distancia de ocho leguas de Jaén, Córdoba, Almagro (Ciudad Real), Madrid y los Reales Sitios. A su entrada en la cárcel del Santo Oficio de Toledo en 1791 se decretó el embargo de todos sus bienes, nombrándose depositario de los mismos a Juan Manuel García Dorado. Cuando salió de prisión un año después, reclamó que se le devolvieran sus bienes, pues los necesitaba para marcharse a Zaragoza, al haber una orden del rey que movilizaba a la Brigada de Carabineros para participar en la guerra con Francia. Sin embargo, las autoridades inquisitoriales decidieron no proceder al desembargo de sus propiedades hasta que no pagase los gastos de manutención generados durante su estancia en prisión. Las cartas que Francisco Guerrero Carrillo escribió por este motivo a Juan Manuel García Dorado fueron entregadas por el destinatario a la Inquisición, a petición del Tribunal.